jueves, 29 de enero de 2015

El Ministerio de Justicia sigue con la intención de privatizar el Registro civil.. de tapadillo y a toda prisa

Os dejo un enlace a una circular del sindicato CSIF con información al respecto.

Según ha podido saber CSIF existe un grupo de Registradores de la Propiedad que está redactando el texto de la nueva ley del Registro civil.

Para CSIF este hecho es sumamente grave pues  supone una vuelta de tuerca más en el conflicto de intereses que gravita en este proyecto gubernamental donde el Presidente del Gobierno y dos de sus hermanos están directamente afectados por este cambio de régimen jurídico del Registro civil.

Y es que resulta inaudito que sean unas personas ajenas a la realidad del Registro civil y cuya función no ha sido nunca la del Registro civil,  los que se encarguen de regular su funcionamiento.

Además, para CSIF demuestra cuando menos de una falta de ética inaceptable que, encima las estas personas vayan a ser las destinatarias directas en régimen de monopolio legal del servicio cuya norma, ellos mismos están redactando.
CSIF denuncia la falsa condición de funcionarios públicos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que queda en evidencia por el propio Gobierno que en la Disposición Adicional 91 de los Presupuestos Generales del Estado encuadra a los futuros Registradores en el Régimen especial de autónomos y trabajadores por cuenta ajena (es decir, igual que los empresarios) y no en el Régimen general de la Seguridad Social tal y como hizo con los funcionarios que ingresaran después del 1 de enero de 2011. Y ello, sólo puede tener una explicación: que los Registradores no son funcionarios y que estamos ante una privatización en toda regla de un servicio público esencial.
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Por último, CSIF denuncia el timo de la gratuidad como justificación de esta privatización. En primer lugar, porque ya se preparan modificaciones legales para que trámites hasta ahora gratuitos en el Registro civil se conviertan de pago. Así ocurrirá con los expedientes de matrimonio entre 90 y 100 euros y el de nacionalidad al que ya se le ha establecido un precio de 75 euros.
Una vez más, CSIF pone encima de la mesa su propuesta alternativa de Registro civil.
Una propuesta que coincide en lo esencial y en lo no tan esencial con las presentadas por otros sindicatos de funcionarios  y asociaciones en defensa de un Registro civil público gestionado por funcionarios de Justicia. Moderno en su funcionamiento interno. Único en su gestión, informatizado e interconectado. Descentralizado en su funcionamiento en beneficio de los ciudadanos con independencia de donde residan o de los medios técnicos de que dispongan. 

Los Registradores de la Propiedad redactan la ley de Registro civil que ellos mismos deberán aplicar

¿Cómo es posible que los mismos que deben cumplir la norma se encarguen de redactarla?. 

La privatización llega incluso a las normas de organización del Registro. El Ministerio de Justicia renuncia a su competencia de legislar y deja que los Registradores se organicen como si fuera un club privado. Por si no hubiera conflicto de intereses suficiente.

Además, en la ley de Presupuestos de 2015 los Registradores pasan del régimen de clases pasivas al Régimen de autónomos y trabajadores por cuenta propia, el mismo que los empresarios, con lo que queda meridianamente claro que no son funcionarios públicos ya que un funcionario, si algo tiene de especial, es tener una vinculación con la administración de carácter permanente que poco se compadece con un trabajador por cuenta propia o un empresario. 

Sorprendente el cambio de criterio del Decano del Colegio de Registradores que, saltándose el acuerdo de la Asamblea General de Zaragoza, ha pasado de anunciar el recurso contra la imposición del prestación del Registro civil a estar encantado con la idea. 

Mientras tanto se anuncia un segundo plan de digitalización (300.000 expedientes) y hay rumores que esta vez habrá dinero para los Registradores, ojo, no para el Registro civil. Y mientras sucede ésto los expedientes de nacionalidad del primer plan (vaya planazo) se encuentran atascados por la ¿incompetencia? de la Dirección General de Registros y del Notariado. Además, puede abrirse otro frente ya que son muchos los Registradores que no están de acuerdo con la decisión del Gobierno y que ya se negaron y se niegan a tramitar estos expedientes porque; en efecto, la voz no es unánime en los Registradores como se quiere hacer ver. 

Por último, está lo que se puede considerar el timo de la gratuidad del Registro civil. Las cuentas siguen sin salir y un Registro civil gratuito será la ruina para muchos Registradores por el personal y medios materiales necesarios salvo que a corto medio plazo se pacte un rescate o una vuelta al arancel como venimos denunciando.

No obstante, la pregunta del millón sigue en el aire. ¿Dónde está el negocio que justifica el exacerbado interés de algunos?. Si de verdad va a ser gratuito (salvo excepciones como nacionalidad, matrimonios y las que puedan venir),sólo queda el programa, esa plataforma digital y ese artículo del blog hay derecho sobre el free rider o el polizón del que nos hacíamos eco hace unos meses. 


El PSOE anuncia que derogará la privatización del Registro civil en cuanto el PP pierda la mayoría absoluta

Os adjuntamos enlace a las declaraciones del Secretario de Política Federal del PSOE en el que califica de barbaridad el proyecto de privatización del Registro civil.

Eldiario.es (28/01/2015)

domingo, 18 de enero de 2015

Catalá va a utilizar la puerta de atrás para imponer la privatización del Registro civil

Visto que los plazos se echan encima y que la voluntad de diálogo se queda en meras palabras, Catalá ya se ha tirado a tumba abierta con este proyecto auspiciado desde el Gobierno como queda claro en su intervención en el Congreso del pasado 11 de diciembre

Así, Catalá habló de introducir mejoras técnicas en la ya aprobada Ley 20/2011 para evitar los trámites de informe que exigiría una ley nueva. Un fraude de ley en toda regla por cuanto la Ley 20/2011 tenía una concepción del Registro civil radicalmente distinta a lo que pretende este Gobierno y, por lo tanto, no se trataría de mejorar técnicamente una ley sino vaciarla por dentro dejando la fachada y reformando su estructura interna. 

El Ministro Catalá como antes Gallardón, insiste en las falsedades sobre las que sustentan ese proyecto. Los Registradores NO son funcionarios públicos y así lo ha establecido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2009. 

  • La desjudicialización que planteaba la ley 20/2011 no se parece en nada a la que propone este Gobierno pues, al margen de la opinión que se pueda tener y desde este blog seguimos defendiendo a los funcionarios de Justicia como la mejor opción,  se municipalizaba al igual que en el resto de Europa dando competencias a las CCAA. Es decir, no se entregaba el Registro civil a unos empresarios sino que se quedaba en la Administración y además, se preveía un mecanismo jurídico para aprovechar la experiencia, el conocimiento y el potencial de los funcionarios de Justicia en materia de Registro civil 

  • Los problemas del Registro civil no son del Registro civil sino del propio Ministerio de Justicia y de sus gestores y está focalizado en la propia Dirección General de Registros y del Notariado. Parece que se ha querido buscar el problema para luego darle la solución que interesaba. 

  • La ley 20/2011 carecía de memoria económica pero, en este proyecto de privatización del Registro civil, la cuestión económica es de lo más oscuro y menos transparente de todo el proceso y nadie es capaz, ni el propio Ministro de resolver la gran cuestión de quien paga la feria. Nosotros lo tenemos claro serán los ciudadanos. y en beneficio del bolsillo de unos pocos (Registradores y Notarios). 

  • Toda esta ley sólo se ha negociado con y en interés de parte: los Registradores., con exclusión de los demás actores y, además, se ha hecho en reuniones secretas sin luz y sin taquígrafos. Un Colegio de Registradores al que se le ha ido la fuerza por la boca y ha pasado de ser beligerante a contar el dinero. Y es que la presión interna y externa ha debido ser tremenda. 


Frente al Ministro el resto de grupos de la oposición que pidieron la derogación del proyecto de privatización del Registro civil. Lee las intervenciones de los portavoces en este enlace


Más datos sobre la paralización de los expedientes de nacionalidad

Hace unas semanas fue CSIF y  ahora es CCOO el que denuncia este hecho y anunciando que el gobierno prepara una nueva encomienda de gestión a los Registradores toda vez que el Colegio ya ha visto la luz del negocio en ciernes y no pondrá ningún obstáculo a que sean los empleados del mismo los que elaboren el programa informático para su explotación por el colectivo. Un programa que van a sufragar de su dinero ya que el Gobierno sigue insistiendo en la gratuidad del Registro civil Y así surgen algunas dudas. 

¿De dónde sale el dinero para que este Colegio que agrupa a apenas 900 personas tenga la capacidad para crear una plataforma digital que todo un gobierno es incapaz de poner en marcha?. ¿Tienen estos señores más poder económico que todo un gobierno como el de España?.¿No será que igual lo que nos cobran a todos por su actividad principal supera con creces los márgenes razonables en toda actividad comercial?. 

¿Porqué si les sobra el dinero han hecho ERES en sus oficinas reduciendo el sueldo de sus empleados y rescindiendo contratos?.

¿De verdad alguien se cree que el Registro civil va a seguir siendo gratuito?. Y en último término, si no lo va a ser y el Gobierno  y el Ministro lo sabe, ¿porqué el Gobierno dilapida el capital humano experto (funcionarios de Justicia)  y de medios materiales e inversiones de los últimos años y renuncia a poder cofinanciar el Registro civil con una mínima tasa que revierta en el propio servicio?. 

¿Es moral y éticamente aceptable que todo este proceso se esté produciendo con un Presidente del gobierno Registrador que además tiene dos hermanos Registradores de la Propiedad y que esté siendo pilotado por dos Registradores de la Propiedad que han ocupado y ocupan sucesivamente la Dirección General de Registros y del Notariado?. 

¿Dónde está el diálogo y esa voluntad de llegar a acuerdos en esta cuestión si ni siquiera se ha hecho un análisis serio de las alternativas ni se han tomado en consideración otras propuestas que ha presentado los funcionarios y Secretarios Judiciales?.

¿Dónde están las asociaciones de Secretarios que últimamente callan en este tema?. ¿se han vuelto al pragmatismo y negocian sobre otras cosas?. Espero que no. 


Cuando no se tienen argumentos para defender la privatización del Registro civil

Hace poco el diario El País se preguntaba si un español superaría el test de españolidad. Y es que uno de las señales más evidentes de que el Registro civil ha importado un bledo al político de turno salvo ahora que se convierte en negocio es el tema de la nacionalidad. Desde este blog hemos sugerido la necesidad de establecer mecanismos objetivos para determinar el grado de integración del ciudadano extranjero en nuestro país tal y como sucede en otros países. No es labor fácil puesto que sobre el resultado de esos mecanismos pende la concesión o denegación de la nacionalidad española con todo lo que eso conlleva en materia de derechos y obligaciones. 

No obstante, el Director General de Registros y del Notariado, el Registrador de la propiedad Javier Gálligo, cree que lo más importante es que los Notarios se hagan con los expedientes de nacionalidad y dice que criticar la tasa de 75 euros para sostener el trámite del mismo es de chiste. En total más de 11 millones de euros para los Notarios por un trámite que, hasta ahora era gratuito. Menos mal que este Gobierno  nos había garantizado la gratuidad....

Pues bien, cuando no se tienen argumentos para defender la privatización del Registro civil se cae en la falacia y en ese artículo de El País, el DGRN entra de lleno en ese ámbito, al comparar ese coste con el que se exige en los EEUU (8000 dólares) y en europa (sin precisar país 700 a 900 euros).

En primer lugar, la tasa exigida en esos países se ingresa directamente en las arcas del Estado y no en el bolsillo de unos empresarios que regentan un negocio en régimen de monopolio legal. No es comparable tal y como se pretende. Además, si sólo se cobran 75 euros cuando al parecer el coste es sustancialmente mayor será porque los notarios van a asumir el resto del coste con lo que ganan por sus otras operaciones y si les sobra el dinero, ¿no será que nos están cobrando por encima de lo razonable en esas otras operaciones?. 

En segundo lugar, el cobro de la tasa, en las declaraciones del Sr. Gálligo se liga ineludiblemente al sostenimiento del servicio prestado por los Notarios intentando que esa inelubilidad alcance también a la propia privatización del servicio cuando no es así porque ese dinero, en el supuesto de que sea necesario que se cobre por ese servicio, si se mantiene el Registro civil como servicio público, podría engrosar las cuentas del Estado por ejemplo para mejorar el maltrecho y olvidado Registro civil. Una idea es que se podría hacer un reservorio normativo y jurisprudencial que ayudara a evitar esa "discrecionalidad administrativa" que se detecta en el trámite de nacionalidad. O, en la misma línea, para la elaboración periódica de unos test de nacionalidad que evitara que los candidatos "se los aprendieran de memoria" tal y como aduce el Sr. Gálligo. 

Se dijo que el REgistro civil iba a seguir siendo gratis y ahora, es el propio DGRN el que defiende, con alguna trampa que otra porque si no es imposible, que no lo sean. Eso sí que es un chiste... pero de los malos SR. Gálligo. 

Y, por cierto, el expediente de nacionalidad, a cargo de los Notarios también será de pago, entre 90 a 100 euros. Cuanta mentira y cuanto oscurantismo en todo este asunto. 

La auténtica realidad sobre la privatización del Registro civil

Un enlace os dejo a un post muy interesante que insiste en lo que venimos denunciando en este blog desde hace tiempo aportando datos muy clarificadores. El "problema" del Registro civil ha sido fabricado por los mismos gestores políticos que ahora están empeñados en privatizarlo.

Los "salvadores" registradores de la propiedad, no son sino un engranaje de esta gran mentira.

leed este enlace y sigamos en la lucha contra la privatización del Registro civil. 

Pásalo.