Frente a lo que ha venido anunciado el Ministro de Justicia el Registros Civil será de pago y los Registradores, además, recibirán contraprestación económica de los presupuestos.
Tras lo publicado por diferentes medios en los últimos días, que corroboran punto por punto las denuncias de CSIF, parece claro que el Gobierno cederá y aceptará la pretensión de los Registradores para apuntalar su estatus poniendo a su disposición el servicio público del Registro civil convertido legalmente en un negocio de más de 700 millones de euros anuales.
Según estas noticias que confirman los datos de los que dispone CSIF, el Ministerio de Justicia habría claudicado ante la presión de los Registradores y su compromiso de un Registro civil gratuito se perderá por el sumidero de las promesas políticas.
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