El proyecto de Gallardón pretende convertir el Registro civil en un
negocio y regalarlo a los Registradores de la Propiedad.
Los Registradores de la Propiedad tienen el
carácter de funcionarios públicos sólo
por la función que desarrollan pues gestionan su actividad en régimen de
monopolio, sin competencia entre ellos, como una empresa privada, cobrando un
arancel o precio por sus servicios.
Dice Gallardón (3 de febrero Europa Press) que ese
régimen no está pensado para su beneficio que mejora la eficiencia del trabajo
de estos “funcionarios”. Si es así, ¿por qué no se aplica el mismo régimen a
todos los funcionarios?.
De ser un servicio público de gestión pública donde
los recursos que se generan van a las arcas del Estado en beneficio de todos, el Registro civil se convierte en un
negocio privado cuyos beneficios irán a engrosar los bolsillos de una
minoría privilegiada de cuasi-funcionarios.
Es llamativo que sea ahora cuando desde el
Ministerio de Justicia y el Gobierno, se enfatice el carácter de funcionarios
públicos de los Registradores de la Propiedad. Antes ni se mencionaba esa
condición quizá porque no gustaba que se “confundieran” las cosas.
En el resto de Europa la función registral se realiza por personal de la
administración pública con un sueldo a cambio en algunos casos de una tasa que va a
parar a las arcas del Estado en beneficio de todos y no el pago de un arancel
que sólo beneficia a una minoría.
Los Registradores de la Propiedad son alrededor de 800
en toda España y forman un lobby muy poderoso en el Ministerio de Justicia que
ha presionado a diferentes gobiernos para hacerse con el Registro civil sobre
todo cuando la crisis afectó a sus beneficios.
Algunos estudios estiman en 180 millones de euros anuales
los beneficios por la prestación del Registro civil que saldrán del bolsillo de
los ciudadanos.
Además, la nueva ley de registros que impulsa este
Gobierno y en la que el Registro civil es un apartado más, potencia las
facultades de los Registradores y amplía exponencialmente el número de
supuestos que deben ser inscritos previo pago por parte de los ciudadanos. Entre
otras cosas, se pretende exigir la inscripción en el Registro civil de
cualquier poder y se exigirá la inscripción del domicilio. Por otro lado, se
asume la inscripción de los seguros de vida, accidentes y decesos y planes de
pensiones y testamentos que, hasta ahora, son objeto de una modesta tasa
gestionada por el propio Ministerio. Más dinero para el bolsillo de los
Registradores.
Por otro lado, los cerca de 150 millones de euros de
todos los ciudadanos que se han gastado en digitalizar los Registros civiles en
los últimos cuatro años se van a regalar a los Registradores de la Propiedad
para su beneficio.
La entrega del Registro civil a los Registradores
va a suponer el alejamiento de este servicio de los ciudadanos. El Ministerio
de Justicia les entrega la potestad de auto-organizar el Registro civil según
mejor les convenga. Adiós al Registro civil próximo al ciudadano.
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