jueves, 20 de febrero de 2014

En defensa del Registro civil público de gestión pública (2)

El proyecto de Gallardón pretende convertir el Registro civil en un negocio y regalarlo a los Registradores de la Propiedad.

Los Registradores de la Propiedad tienen el carácter de funcionarios públicos sólo por la función que desarrollan pues gestionan su actividad en régimen de monopolio, sin competencia entre ellos, como una empresa privada, cobrando un arancel o precio por sus servicios.  

Dice Gallardón (3 de febrero Europa Press) que ese régimen no está pensado para su beneficio que mejora la eficiencia del trabajo de estos “funcionarios”. Si es así, ¿por qué no se aplica el mismo régimen a todos los funcionarios?.

De ser un servicio público de gestión pública donde los recursos que se generan van a las arcas del Estado en beneficio de todos, el Registro civil se convierte en un negocio privado cuyos beneficios irán a engrosar los bolsillos de una minoría privilegiada de cuasi-funcionarios.

Es llamativo que sea ahora cuando desde el Ministerio de Justicia y el Gobierno, se enfatice el carácter de funcionarios públicos de los Registradores de la Propiedad. Antes ni se mencionaba esa condición quizá porque no gustaba que se “confundieran” las cosas.

En el resto de Europa la función registral se realiza por personal de la administración pública con un sueldo a cambio en algunos casos de una tasa que va a parar a las arcas del Estado en beneficio de todos y no el pago de un arancel que sólo beneficia a una minoría.

Los Registradores de la Propiedad son alrededor de 800 en toda España y forman un lobby muy poderoso en el Ministerio de Justicia que ha presionado a diferentes gobiernos para hacerse con el Registro civil sobre todo cuando la crisis afectó a sus beneficios.

Algunos estudios estiman en 180 millones de euros anuales los beneficios por la prestación del Registro civil que saldrán del bolsillo de los ciudadanos.

Además, la nueva ley de registros que impulsa este Gobierno y en la que el Registro civil es un apartado más, potencia las facultades de los Registradores y amplía exponencialmente el número de supuestos que deben ser inscritos previo pago por parte de los ciudadanos. Entre otras cosas, se pretende exigir la inscripción en el Registro civil de cualquier poder y se exigirá la inscripción del domicilio. Por otro lado, se asume la inscripción de los seguros de vida, accidentes y decesos y planes de pensiones y testamentos que, hasta ahora, son objeto de una modesta tasa gestionada por el propio Ministerio. Más dinero para el bolsillo de los Registradores.

Por otro lado, los cerca de 150 millones de euros de todos los ciudadanos que se han gastado en digitalizar los Registros civiles en los últimos cuatro años se van a regalar a los Registradores de la Propiedad para su beneficio.


La entrega del Registro civil a los Registradores va a suponer el alejamiento de este servicio de los ciudadanos. El Ministerio de Justicia les entrega la potestad de auto-organizar el Registro civil según mejor les convenga. Adiós al Registro civil próximo al ciudadano.

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