sábado, 22 de febrero de 2014

En defensa del Registro civil público (4)

Desde el año 1957 tuvieron que pasar 44 años para que un Gobierno acometiera la reforma del Registro civil. Resultado de esta iniciativa fue la Ley de Registro civil de 2011 que el 22 de julio si nadie lo impide entraría en vigor. Esta ley suponía el cambio de gestión del Registro civil sin salir de la Administración pública. No obstante, la crisis económica ha dado al traste con este cambio dado que las CCAA  no tienen capacidad de asumir este servicio público. 

Esta ley contó con el apoyo casi unánime de las fuerzas políticas incluidas el PP. Llama pues la atención que ahora haya decidido no dejarla entrar en vigor. Esta ley contiene aspectos muy positivos para la modernización del Registro civil y admite la posibilidad de que el Registro civil siga estando gestionado por personal de Justicia especializado tal y como sucede hasta ahora. 

Seguimos creyendo que el modelo de Registro civil debe ser el actual. Dependiente del Ministerio de Justicia servido por funcionarios de Justicia y no el modelo de la ley de 2011 pero el 90% de la ley del 2011 es perfectamente aplicable a este modelo de Registro civil y supondría un gran avance para el Registro civil.

Se dice que la reforma del Registro civil supone un esfuerzo económico. Y qué cosa no cuesta dinero... la cuestión es gastarlo bien y no, como se ha hecho hasta ahora despilfarrarlo a manos llenas en, por ejemplo, aeropuertos sin aviones. ¿Qué reforma del Registro civil se podría haber hecho con el presupuesto final, siempre más abultado que el inicial, de uno o dos de esos aeropuertos?.

Por eso hay que aprovechar al máximo los recursos humanos que hay en el Registro civil y su potencial para asumir las responsabilidades que la reforma exige. 

Por eso hay que aprovechar los recursos que ya se han gastado en el Registro civil (150 millones de euros en digitalización) y no regalarlos alegremente. 

Por eso no hay que perder más el tiempo y apechugar con lo que hay,  por eso hay que ponerse a la tarea de definir una financiación sostenible dotando de una memoria económica a la nueva ley del Registro civil. 

Por eso habrá que afrontar el proyecto por partes de forma gradual y eso exige un acuerdo entre las fuerzas políticas para que el Registro civil no esté sometido a los vaivenes políticos. 

Al Registro civil le han faltado y le faltan medios pero también le ha faltado la voluntad de sus responsables de modernizarlo por eso no es de recibo que la única solución que se planteen sea quitárselo de encima a costa del bolsillo de los ciudadanos. 

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